Dr. Bolsillo analiza el caso Sartor, sus implicancias legales y el impacto que podría tener en Universidad de Chile y su concesionaria Azul Azul.
El escándalo financiero que involucra a Sartor Administradora General de Fondos (AGF) continúa generando impacto, especialmente en el ámbito deportivo.
En conversación con Radio ADN, Alejandro Guzmán, conocido como Dr. Bolsillo, entregó un detallado análisis de la situación y sus posibles consecuencias para la U.
“El 90% de Tactical Sport era de Inversiones y Asesorías Sartor, y el 10% de Antumalal”, afirmó Guzmán, explicando la estructura propietaria de la concesionaria que administra al club. “¿Y quién es el dueño de Antumalal? Michael Clark y creo que su señora”, añadió, destacando las conexiones entre los actores involucrados.
Según Guzmán, aunque la empresa directamente cuestionada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) es Sartor AGF, esta comparte propietarios con Tactical Sport.
“Son casi primos hermanos”, señaló, subrayando la cercanía entre ambas entidades.
El conflicto se desató luego de que Credicorp, una destacada firma de inversiones peruana, denunciara a Sartor AGF por prácticas cuestionables.
“Lo que dice la CMF es que el modelo de negocio se basa en inversiones circulares, administración negligente, falta de transparencia y uso de fondos administrados para financiar entidades relacionadas”, explicó.
El doctor, calificó las acciones de Sartor AGF como “casi una bicicleta o una pirámide” y alertó sobre los riesgos para Universidad de Chile. “De las posibles consecuencias de esto, hay dos que me preocupan. Primero es la reacción de la Universidad (Casa de Estudios), ya que Azul Azul arriesga perder marca, escudo e imagen”, advirtió.
El economista también anticipó un escenario más drástico: “Si la CMF descubre que todo esto fue muy irregular, podría hasta liquidar la sociedad”. Este escenario podría afectar directamente la estabilidad de la concesionaria Azul Azul y, por ende, el futuro del club deportivo.
Con este panorama, el caso Sartor no solo representa un desafío legal y financiero, sino que pone en juego el patrimonio e identidad de Universidad de Chile.
